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SEXUALIDAD: MÁS DERECHOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SEXUALIDAD: MÁS DERECHOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Cámara de Senadores aprobó el pasado 9 de diciembre de 2021 la reforma de la ley 26.130, impulsada dentro del marco del “Proyecto DeSeAr con inclusión”, por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), CLADEM Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), FUSA Asociación Civil y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).

Esta ley fue sancionada en el año 2006 y establece en sus artículos 1° y 2° que toda persona mayor de edad tiene derecho a acceder a las prácticas denominadas ” ligadura de trompas de Falopio” y “ligadura de conductos deferentes o vasectomía”; teniendo como requisito obligatorio que la persona que lo requiera otorgue formalmente su consentimiento informado. No obstante, su artículo 3° dispone una excepción, en aquellos casos en que se trate de una persona declarada judicialmente incapaz, será requisito la autorización judicial solicitada por su representante legal.

Esta excepción comprometía la autoridad, la toma de decisiones, el goce de los Derechos Humanos y constituía una esterilización forzada, lo que dejaba en claro la necesidad de avanzar en torno a una reforma normativa que pudiera resguardar y garantizar los derechos de las personas con discapacidad. En relación a esto en el informe jurídico sobre adecuación a los estándares internacionales Derechos Humanos de la ley 26.130, la Relatora Especial para los derechos de las personas con discapacidad ha dado cuenta en sus informes de que las esterilizaciones forzadas suelen “basarse en el argumento de que son una medida de precaución debido a la vulnerabilidad de las niñas y las jóvenes con discapacidad a los abusos sexuales y en la falsedad de que la
esterilización mejora la calidad de vida de las niñas y las jóvenes con discapacidad al librarlas de la “carga” del
embarazo, ya que “no están en condiciones de afrontar la maternidad”. Sin embargo, la esterilización no las
protege de la violencia o los abusos sexuales, ni exime al Estado de la obligación de protegerlas de tales abusos.
La esterilización forzada es una práctica inadmisible que tiene consecuencias de por vida en la integridad física y
mental de las niñas y las jóvenes con discapacidad y debe erradicarse y tipificarse como delito de manera inmediata”.

La nueva norma 27.655, que viene a reformar la sancionada en 2006 establece en sus primeros dos artículos la modificación de los artículos 2° y 3° de la ley 26.130, estableciendo que las prácticas médicas referidas a las intervenciones de contracepción quirúrgica están autorizadas para toda persona mayor de edad que lo requiera formalmente, siendo un requisito inexcusable que otorgue su consentimiento informado, no se requiere autorización del cónyuge o conviviente, ni autorización judicial. Las personas tienen derecho a acceder a información objetiva, precisa, confiable, accesible y actualizada, que les permita ejercer el derecho que esta ley garantiza. El nuevo artículo 3° dispone que sin excepción las personas con discapacidad tienen derecho a brindar su consentimiento informado, por si mismas y en igualdad de condiciones con las demás personas, en ningún caso requiere autorización judicial. Para que puedan consentir de forma autónoma deben recibir información sobre las intervenciones en medios y formatos accesibles, solicitar el tipo de apoyo que necesiten para evitar la sustitución en la toma de decisiones.

La ex diputada nacional e integrante de la comisión directiva de REDI, Gabriela Troiano expresó: “Con esta ley, Argentina es el primer país latinoamericano en prohibir específicamente las esterilizaciones forzadas de personas con discapacidad”. “Es un avance histórico para la concreción de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, ya que implica adecuar la normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional”, aportó Elsa Schvartzman de la asociación FUSA.

En año 2012 el Comité de la ONU que supervisa la aplicación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad ya había recomendado la modificación de la ley 26.130, al manifestar su preocupación al respecto.
Por este motivo, Troiano presentó en 2016 el primer proyecto de ley para modificar dicha norma. La ex legisladora comentó que, “hasta ese momento no había habido ninguna denuncia, pero al año siguiente una mujer sorda denunció que al iniciar un tratamiento de fertilidad, descubrió que le habían ligado las trompas a los 15 años”.
Al conocerse este caso y otros similares, las ocho organizaciones mencionadas iniciaron la campaña “Basta de Esterilizaciones Forzadas”, dentro del proyecto “DeSeAr con Inclusión”, el reclamo fue acogido por la diputada Lucila Masin, que volvió a presentar el proyecto que finalmente se aprobó.

Imagen destacada: Se observa el cartel led de la Cámara de Senadores de la Nación con el resultado final de la votación con 54  votos afirmativos, 0 negativos y 0 abstenciones. Foto: @agencianacionaldediscapacidad (Instagram).

Toda la información sobre la discapacidad la encontrás en www.periodismoadaptado.ar

Sol Carrizo

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